Recurren al Tribunal Constitucional un desahucio por no haber sido notificados

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Recurren al Tribunal Constitucional un desahucio por no haber sido notificados.

El periódico EL MUNDO recoge la desesperación de un padre y un hijo de Alicante que estaban sufriendo la pesadilla de perder su vivienda a manos del banco  sin tener el menor conocimiento del asunto y sin poder hacer nada por evitarlo. En Cañizares Abogados nos hemos puesto a trabajar y, tras presentar un incidente excepcional de nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Elche -Tribunal que estaba conociendo la ejecución hipotecaria- hemos acudido al Tribunal Constitucional mediante el oportuno recurso de amparo. Esperemos que el Alto Tribunal de la razón a estos ciudadanos que, una vez más, sufren los desmanes de los bancos, con el beneplácito -por acción o por omisión- de los Tribunales.

Os dejamos el texto de la noticia y su enlace:

Entienden que se han vulnerado sus derechos fundamentales al verse al borde del desahucio de su vivienda.

Dicen no haber tenido conocimiento de la existencia del proceso de ejecución hipotecaria hasta su última fase, la del lanzamiento.

Un hombre y su hijo han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales al verse al borde del desahucio de su vivienda de Alicante cuando no han tenido conocimiento de la existencia del proceso de ejecución hipotecaria hasta su última fase, la del lanzamiento.

El escrito, interpuesto el pasado día 18 por el bufete Cañizares Abogados, expone que los afectados “no han tenido posibilidad de personarse” en la causa y “ejercer su derecho constitucional de defensa” porque ni la parte demandante, la antigua CAM (ahora Banco Sabadell), ni el juzgado de Elche que ha tramitado la demanda “han desplegado una mínima diligencia exigible” para notificarles el procedimiento.

El hijo adquirió en 2005 un piso en la calle Antonio Ripoll Javaloyes de Elche y suscribió con la CAM un préstamo hipotecario, pero abandonó el inmueble en 2010 para irse a vivir con su padre al domicilio de éste, en Alicante, y dejó de pagar las cuotas a la entidad porque se había quedado en paro.

El pasado 19 de junio, el padre recibió una comunicación del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Elche donde se le informaba del lanzamiento de su vivienda de Alicante para el 20 de julio siguiente.

Este domicilio iba a ser subastado porque figuraba como aval de la hipoteca contratada por su hijo.

Según los demandantes, ésta es la primera y única noticia que hasta ese momento habían tenido de la existencia del procedimiento de ejecución hipotecaria, a pesar de que el juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche incoó la causa en 2012.

En la documentación del caso constan dos intentos de notificación frustrados por parte de agentes judiciales, entre el 16 y el 23 de enero de 2013, que se llevaron a cabo en la vivienda de Elche hipotecada.

En ambas diligencias, el funcionario encargado de la notificación dejó constancia de que los vecinos manifestaban que los interesados se habían marchado de ese domicilio un año antes “sin dejar señas”.

Al mes siguiente, el magistrado accedió a la solicitud del Banco Sabadell y acordó que la notificación se llevase a cabo mediante un edicto.

El abogado de los afectados, Alberto Cañizares, niega que la falta de notificación del proceso se deba “a una actitud pasiva” de sus representados.

Muy al contrario, argumenta ante el Constitucional que “se debe a la falta de una mínima diligencia” de la parte ejecutante e, incluso, del órgano judicial, al no haber realizado “una sencilla consulta telemática” del domicilio real donde residían los demandados.

Tampoco intentaron notificarles el proceso en el otro domicilio, el de Alicante,“cuya existencia obra sobradamente en autos”, ya que será subastada para cubrir la deuda hipotecaria al figurar como aval en el préstamo, añade el letrado.

Con estos argumentos, los afectados solicitaron al juez en un escrito la nulidad de las actuaciones, pero éste lo rechazó el pasado 22 de julio en una providencia contra la que se ha presentado el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectivo.

Fuente original: Periódico EL MUNDO.

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