El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre una empresa y un abogado para que éste último preste sus servicios jurídicos a la empresa se conoce popularmente con el nombre de Iguala.
Por un lado, la empresa tiene siempre y en todo momento a su disposición a un equipo de abogados que conoce su negocio y sus circunstancias particulares y las de sus competidores, clientes y proveedores; así, realizar una consulta jurídica se convierte en algo rápido, sencillo e incluso gratuito, ya que su coste se encuentra incluido en el importe mensual de la iguala.
Además, el precio de la iguala –que se ajusta al tipo y tamaño de la empresa- goza de un tratamiento fiscal inmejorable, ya que la totalidad del importe pagado por la empresa (base imponible e impuestos) es plenamente deducible como gasto por la empresa, de manera que el coste real de los servicios jurídicos es muy reducido.
Por otro lado, el abogado conoce la actividad de la empresa a la que asesora y de esta forma, reduce los tiempos de respuesta y acrecienta las posibilidades de éxito, lo que, en caso de tener que llegar a los Tribunales, aumenta las posibilidades de ganar y obtener una condena en costas a la parte contraria, de manera que el cliente recupere todo su dinero y todo el proceso judicial le salga a coste cero.
